La abogacía existe es tan antigua como la humanidad y la historia recoge hechos específicos que justifican esa realidad palmaria, no ya tan lejos, pero de tiempos remotos, tal como nos lo hace conocer el ilustre abogado de Burdeos, Pierre Siré, al relatar que Saint Yves de Treguier, nacido en 1253, era oficial, es decir, magistrado eclasiastico. También defendía a los pobres.
1270 el rey San Luis haya promulgada unos “Establecimientos” inspirados en el Derecho romano, de los cuales un capítulo se titula “Cómo de debe el abogado mantener durante la causa”. Completado mediante una ordenanza de Felipe el Atrevido, tomada en 1274, cuyo texto prescribe al abogado el aternese, ante todo, a la lealtad de los medios; su palabra es considerada como la de su cliente cuando, hablanda en su presencia, no es contradicho, nada de injurías, ni de torcerías en las palabras o los gestos; el abogado jura tratar todos los asuntos con atención, diligencia y fidelidad, aceptarlos sólo cuando parecen justos y abandonarlos en cuando se da cuenta que ocultan una injusticia.
26/4/10
EXTINCION DE LA ACCION PENAL
ART. 44.- Causas de Extinción: La acción penal se extingue por:
1.- Muerte del imputado
2.- Prescripción
3.- Amnistía
4.- Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada.
5.- Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública
depende de aquella.
6.- Aplicación del criterio de oportunidad en la forma prevista por este Código.
7.- Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin
que haya mediado revocación.
8.- Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la ya iniciada
por por ésta sea continua por sus herederos, confrome lo previsto en este
Código.
9.- Resarcimiento integral peldaño particular o social provocado, realizada
antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia
sobre personales, en infracciones culposas y en las contravenciones siempre
que la vitcima o el ministerio público lo admitan según el caso.
10.-Conciliación
11.- Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso
12.- Vencimiento del plazo máximo del duración del procedimiento, preparatorio sin
que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo.
13.- Pago del máximo previsto para la pena de multa en el caso de infracciones
sancionadas sólo con esa clase de penas.
1.- Muerte del imputado
2.- Prescripción
3.- Amnistía
4.- Abandono de la acusación, en las infracciones de acción privada.
5.- Revocación o desistimiento de la instancia privada, cuando la acción pública
depende de aquella.
6.- Aplicación del criterio de oportunidad en la forma prevista por este Código.
7.- Vencimiento del plazo de suspensión condicional del procedimiento penal, sin
que haya mediado revocación.
8.- Muerte de la víctima en los casos de acción privada, salvo que la ya iniciada
por por ésta sea continua por sus herederos, confrome lo previsto en este
Código.
9.- Resarcimiento integral peldaño particular o social provocado, realizada
antes del juicio, en infracciones contra la propiedad sin grave violencia
sobre personales, en infracciones culposas y en las contravenciones siempre
que la vitcima o el ministerio público lo admitan según el caso.
10.-Conciliación
11.- Vencimiento del plazo máximo de duración del proceso
12.- Vencimiento del plazo máximo del duración del procedimiento, preparatorio sin
que se haya formulado acusación u otro requerimiento conclusivo.
13.- Pago del máximo previsto para la pena de multa en el caso de infracciones
sancionadas sólo con esa clase de penas.
EJERCICIO DE LA ACCION PENAL
ART 29.- Ejecicio de la acción Penal:
La acción penal: es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio correspondiente al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la victima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima.
ART. 20.- Obligatoriedad de la Acción Pública: El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.
ART. 31.- Acción Pública a Instancia Privada: Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afectan la protección del interés de la víctima.
La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.
El misniterio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.
Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados.
Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:
La acción penal: es pública o privada. Cuando es pública su ejercicio correspondiente al ministerio público, sin perjuicio de la participación que este código concede a la victima. Cuando es privada, su ejercicio únicamente corresponde a la víctima.
ART. 20.- Obligatoriedad de la Acción Pública: El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en este código y las leyes.
ART. 31.- Acción Pública a Instancia Privada: Cuando el ejercicio de la acción pública depende de una instancia privada el ministerio público sólo está autorizado a ejercerla con la presentación de la instancia y mientras ella se mantenga. Sin perjuicio de ello, el ministerio público debe realizar todos los actos imprescindibles para conservar los elementos de prueba, siempre que no afectan la protección del interés de la víctima.
La instancia privada se produce con la presentación de la denuncia o querella por parte de la víctima.
El misniterio público la ejerce directamente cuando el hecho punible sea en perjuicio de un incapaz que no tenga representación o cuando haya sido cometido por uno de los padres, el tutor o el representante legal.
Una vez presentada la instancia privada queda autorizada la persecución de todos los imputados.
Depende de instancia privada la persecución de los hechos punibles siguientes:
10/4/10
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL CODIGO PROCESAL PENAL
ART. 1.- PRIMICIA DE LA CONSTITUCION Y LOS TRATADOS: Los tribunales, al aplicar la ley, garantizan la vigencia efectiva de la Constitución de la República y de los tratados internacionales y sus interpretaciones por los órganos jurisdiccionales creados por éstos cuya normas y principios son de aplicación directa e inmedianta en los casos sometidos a su jurisdicción y prevalecen siempre sobre la ley.
La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida a favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.
ART. 2.- SOLUCION DEL CONFLICTO: Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar a armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.
ART. 3.- JUICIO PREVIO: Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo.
El juicio se ejusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.
ART 4.- JUEZ NATURAL: Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otro tribunal que los constituídos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.
ART. 5.- IMPARCIALIDAD E INDEPENCIA: Los jueces sólo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares.
ART. 6.- PARTICIPACION DE LA CUIDADANIA: Todo habitantes del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas por este código.
ART. 7.- LEGALIDAD DEL PROCESO: Nadie puede ser sometida a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige, además, en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales.
ART. 8.- PLAZO RAZONABLE: Toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la victima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad.
ART. 9.- UNICA PERSECUSION: Nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho.
ART. 10.- DIGNIDAD DE LA PERSONA: Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psiquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas no a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
ART. 11.- IGUALDAD ANTE LA LEY: Todas la spersonas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas regla. Los jueces y el ministerios público debe tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base anacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condiciones con implicaciones descrimintorias.
ART. 12.- IGUALDAD ENTRE LA SPARTES: Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.
ART. 13.- NO AUTOINCRIMINACION: Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo y todo imputado tiene derecho a guarda silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicios de culpabilidad ni ser valorado en su contra.
ART. 14.- PRESUNCION DE INOCENCIA: Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción.
En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.
Art. 15 .- ESTATUTO DE LIBERTAD: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Las medidas de coerción, retrictivas de la libertada personal o de otros derechos, tiente carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardad.
Toda persona que se encuentre de manera arbitraria o irrazonable privada de su libertad o amenazada de ello tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en los términos que lo establece este Código.
ART. 16.- LIMITE RAZONABLE DE LA PRISION PREVENTIVA: La prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evetar que se convierta en un pena anticipada.
ART. 17.- PERSONALIDAD DE LA PERSECUSION: Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medida de coerción sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personal ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.
La inobservancia de una norma de garantía judicial establecida a favor del imputado no puede ser invocada en su perjuicio.
ART. 2.- SOLUCION DEL CONFLICTO: Los tribunales procuran resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible para contribuir a restaurar a armonía social. En todo caso, al proceso penal se le reconoce el carácter de medida extrema de la política criminal.
ART. 3.- JUICIO PREVIO: Nadie puede ser sancionado a una pena o medida de seguridad sin un juicio previo.
El juicio se ejusta a los principios de oralidad, publicidad, contradicción, inmediación, celeridad y concentración.
ART 4.- JUEZ NATURAL: Nadie puede ser juzgado, condenado o sometido a una medida de seguridad, por comisiones o tribunales especiales ni sometido a otro tribunal que los constituídos conforme a este código con anterioridad a los hechos de la causa.
ART. 5.- IMPARCIALIDAD E INDEPENCIA: Los jueces sólo están vinculados a la ley. Los jueces deben actuar en forma imparcial y son independientes de los otros poderes del Estado y de toda injerencia que pudiere provenir de los demás integrantes del Poder Judicial o de los particulares.
ART. 6.- PARTICIPACION DE LA CUIDADANIA: Todo habitantes del territorio de la República tiene el derecho a participar en la administración de justicia en la administración de justicia en la forma y condiciones establecidas por este código.
ART. 7.- LEGALIDAD DEL PROCESO: Nadie puede ser sometida a proceso penal sin la existencia de ley previa al hecho imputado. Este principio rige, además, en todo lo concerniente a la ejecución de la pena o medida de seguridad ordenada por los tribunales.
ART. 8.- PLAZO RAZONABLE: Toda persona tiene derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a que se resuelva en forma definitiva acerca de la sospecha que recae sobre ella. Se reconoce al imputado y a la victima el derecho a presentar acción o recurso, conforme lo establece este código, frente a la inacción de la autoridad.
ART. 9.- UNICA PERSECUSION: Nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado dos veces por un mismo hecho.
ART. 10.- DIGNIDAD DE LA PERSONA: Toda persona tiene derecho a que se respete su dignidad personal y su integridad física, psiquica y moral. Nadie puede ser sometido a torturas no a tratos crueles, inhumanos o degradantes.
ART. 11.- IGUALDAD ANTE LA LEY: Todas la spersonas son iguales ante la ley y deben ser tratadas conforme a las mismas regla. Los jueces y el ministerios público debe tomar en cuenta las condiciones particulares de las personas y del caso, pero no pueden fundar sus decisiones en base anacionalidad, género, raza, credo o religión, ideas políticas, orientación sexual, posición económica o social u otra condiciones con implicaciones descrimintorias.
ART. 12.- IGUALDAD ENTRE LA SPARTES: Las partes intervienen en el proceso en condiciones de igualdad. Para el pleno e irrestricto ejercicio de sus facultades y derechos, los jueces deben allanar todos los obstáculos que impidan la vigencia o debiliten este principio.
ART. 13.- NO AUTOINCRIMINACION: Nadie puede ser obligado a declarar contra si mismo y todo imputado tiene derecho a guarda silencio. El ejercicio de este derecho no puede ser considerado como una admisión de los hechos o indicios de culpabilidad ni ser valorado en su contra.
ART. 14.- PRESUNCION DE INOCENCIA: Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal hasta que una sentencia irrevocable declare su responsabilidad. Corresponde a la acusación destruir dicha presunción.
En la aplicación de la ley penal son inadmisibles las presunciones de culpabilidad.
Art. 15 .- ESTATUTO DE LIBERTAD: Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.
Las medidas de coerción, retrictivas de la libertada personal o de otros derechos, tiente carácter excepcional y su aplicación debe ser proporcional al peligro que trata de resguardad.
Toda persona que se encuentre de manera arbitraria o irrazonable privada de su libertad o amenazada de ello tiene derecho a recurrir ante cualquier juez o tribunal a fin que éste conozca y decida sobre la legalidad de tal privación o amenaza, en los términos que lo establece este Código.
ART. 16.- LIMITE RAZONABLE DE LA PRISION PREVENTIVA: La prisión preventiva está sometida a un límite temporal razonable a los fines de evetar que se convierta en un pena anticipada.
ART. 17.- PERSONALIDAD DE LA PERSECUSION: Nadie puede ser perseguido, investigado ni sometido a medida de coerción sometido a medidas de coerción sino por el hecho personal. La retención de personal ajenas a la comisión de un hecho punible con miras a obtener su colaboración o la entrega del imputado se sanciona de conformidad con las disposiciones de la ley penal.
8/4/10
CODIGO PROCESAL PENAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA
.....
Fue instituído por Ley 76-02 del 02 de Julio del 2002, Promulgada el 19 de Julio del 2002
El actual Código de Procedimiento Penal es el producto de la traducción, localización y adecuación del Código de Instrucción Criminal Fránces, ordenada mediante resolución congresional promulgada por el Presidente Meriño el 4 de julio del año 1882, y que tuvo como resultado la publicación ordenada por decreto No. 2250 de junio del año 1884.
En su conjunto las normas del Código de Instrucción Criminal favorece la aprición de prácticas inquisitivas arbitrarias, altamente formalizadas y reñidas con las programación constitucional de un debido proceso.
La forma procesal penal constituye una necesidad impostergable, por lo que la adopción de un nuevo Código Procesal Penal inspirado en los principios y normas constitucionales, viene a remitir la realización de la aspiración cuidadana de una justicia que provee protección efectiva frente al fenómeno criminal y la violencia social, aproxime la justicia a los ciudadanos, tutele efectivamente los derechos humanos, al tiempo de humanizar y dignificar la ejecución penal.
El objeto de la reforma procesal penal propuesta, después de un intenso proceso de discusión y análisis, caracterizado por una amplia participación y consenso nacional, consiste en dotar al sistema de justicia penal dominicano de herramientas normativas modernas y cósonas con las aspiraciones ciudadanas de contar con una impartición de justicia pronta, certera y cumplida.
Que este conjunto de normas viene a disciplina la forma como se causa, se defiende, se juzga y se ejecuta lo juzgado, de una manera sencilla, con celeridad y respecto de las garantías constitucionales, con el firme propósito de contribuir a que los proceso dejen de ser una sucesión de trámites interminables.
http://www.leepubli.com/pages/index.php?refid=alia96
Fue instituído por Ley 76-02 del 02 de Julio del 2002, Promulgada el 19 de Julio del 2002
El actual Código de Procedimiento Penal es el producto de la traducción, localización y adecuación del Código de Instrucción Criminal Fránces, ordenada mediante resolución congresional promulgada por el Presidente Meriño el 4 de julio del año 1882, y que tuvo como resultado la publicación ordenada por decreto No. 2250 de junio del año 1884.
En su conjunto las normas del Código de Instrucción Criminal favorece la aprición de prácticas inquisitivas arbitrarias, altamente formalizadas y reñidas con las programación constitucional de un debido proceso.
La forma procesal penal constituye una necesidad impostergable, por lo que la adopción de un nuevo Código Procesal Penal inspirado en los principios y normas constitucionales, viene a remitir la realización de la aspiración cuidadana de una justicia que provee protección efectiva frente al fenómeno criminal y la violencia social, aproxime la justicia a los ciudadanos, tutele efectivamente los derechos humanos, al tiempo de humanizar y dignificar la ejecución penal.
El objeto de la reforma procesal penal propuesta, después de un intenso proceso de discusión y análisis, caracterizado por una amplia participación y consenso nacional, consiste en dotar al sistema de justicia penal dominicano de herramientas normativas modernas y cósonas con las aspiraciones ciudadanas de contar con una impartición de justicia pronta, certera y cumplida.
Que este conjunto de normas viene a disciplina la forma como se causa, se defiende, se juzga y se ejecuta lo juzgado, de una manera sencilla, con celeridad y respecto de las garantías constitucionales, con el firme propósito de contribuir a que los proceso dejen de ser una sucesión de trámites interminables.
http://www.leepubli.com/pages/index.php?refid=alia96
17/11/09
LOS DERECHOS HUMANOS
Ya en la antigua doctrina del derecho internacional y sobre todo en VITORIA, encontramos el principio de que en derecho internacional, cabe proceder contra un Estado que niegue a sus pripios súbditos los derechos humanos fundamentales, por ejemplo el derecho de practicar libremente su religión. Esta idea penetró en la práctica internacional, puesto que en el siglo XIX las grandes potencias intervinieron repetidamente en Turquía para proteger a los súbditos cristianos de este país contra su propio Estado. Esta práctica ha conducido a la teoría que admite excepcionalmente una intervención por razones de humanidad.
Los tratados sobre la protección de minorías, citados anteriormente, recogen estas idea en la medida en que obligan a los Estados gravados a otorgar determinados derechos fundamentales (Protección a la vida, a la libertad y a la libre práctica de la religión), a todo sus habitantes.
Sin embargo, hasta la carta de la O.N.U., no encontramos un reconocimiento internacional del principio de los derechos humanos, si bien constituye una consagración merramente parcial la Decalración de 1ro de enero de 1942, en la que las potencias aliadas se comprometían a procurar una protección general de los derechos humanos después de la victoria. La carta en efectos, se ha limitado a proclamar el principio, sin desarrollarlo por medio de normas concreta. La Carta proclama en el Preámbulo su “fe en los derechos fundamentaltes del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
El articulo 1ro punto 1ro menciona entre los fines d ela Organización “El desarrollo y estímulo del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Por el artículo 13, la A.G. que faculta para promover estudios y hacer recomendaciones para “efectivo los derechos humanos y las libertades fundamentales. De acuerd con el artículo 55, la O.N.U. deberá promover “el respecto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” El artículo 56 obliga a todos los miembros d ela O.N.U. a trabajar para la realización de dichos fines, “conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización”. También en los territorios bajo tutela deberá promoverse el respeto a los derechos humanos y a la lubertades fundamentales (art.76,c).
Una negativa de principio a promover la realización de los derechos humanos sería, pues, una violación de la Carta de la O.N.U..
El preámbulo de la declaración parte de la idea de que los derechos humanos fundamentales están enraizados en la dignidad y el valos d ela perosna humana”. Por eso corresponde a todo miembros de la familia humana derechos iguales e inalienables. Estos derechos han de ser respectado por los Estado para que el hombre no se vea obligado, como supremo recurso, a rebelarse contra la tiranía y la opresión.
Los derechos del hombre enumerados en la Declaración pueden dividirse en los principales grupos siguientes:
El primero corresponde una serie d ederchos relativos a la libertad; prohibición de la esclavitud (art. 4), de la tortura y la aplicación de penas inhumanas o degradantes (art.5), de las determinaciones y arbitrarios (art. 9), de las leyes penales con efectos retroactivos (art. 11, part. 2) d elas restricciones de la libertad de movimientos y de la entrada y salida de un país (art.13) de la privación arbitraiaria de la nacionalidades (art 15, apart. 2) y d elas confiscaciones arbitrarias (art 17, aprt. 2), así como la libertad d epensamiento, de conciencia y de religión art. 18) La libertad d eopnión y de expresión, con la de información (art. 19), la libertad de reunión y de asociación pacifista (art.2), Junto a estos derecho relativos a la libertad, que apuntan a un non facere de los Estado, encontramos otros derechos que implican un facere de los Estados. Y se ramifican en derechos procesales y políticos, por un lado, y derechos sociales, por otro .
Para la realización de estos derechos y libertades, cada cual ha de poder recurrir a postribunales nacionales competentes (art 8). En cambio la Declaración no concede a los individuos ni derechos de acción ni de derecho de petición ante un órgano de la O.N.U.
Los tratados sobre la protección de minorías, citados anteriormente, recogen estas idea en la medida en que obligan a los Estados gravados a otorgar determinados derechos fundamentales (Protección a la vida, a la libertad y a la libre práctica de la religión), a todo sus habitantes.
Sin embargo, hasta la carta de la O.N.U., no encontramos un reconocimiento internacional del principio de los derechos humanos, si bien constituye una consagración merramente parcial la Decalración de 1ro de enero de 1942, en la que las potencias aliadas se comprometían a procurar una protección general de los derechos humanos después de la victoria. La carta en efectos, se ha limitado a proclamar el principio, sin desarrollarlo por medio de normas concreta. La Carta proclama en el Preámbulo su “fe en los derechos fundamentaltes del hombre, en la dignidad y valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.
El articulo 1ro punto 1ro menciona entre los fines d ela Organización “El desarrollo y estímulo del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales de todos sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión. Por el artículo 13, la A.G. que faculta para promover estudios y hacer recomendaciones para “efectivo los derechos humanos y las libertades fundamentales. De acuerd con el artículo 55, la O.N.U. deberá promover “el respecto universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” El artículo 56 obliga a todos los miembros d ela O.N.U. a trabajar para la realización de dichos fines, “conjunta o separadamente, en cooperación con la Organización”. También en los territorios bajo tutela deberá promoverse el respeto a los derechos humanos y a la lubertades fundamentales (art.76,c).
Una negativa de principio a promover la realización de los derechos humanos sería, pues, una violación de la Carta de la O.N.U..
El preámbulo de la declaración parte de la idea de que los derechos humanos fundamentales están enraizados en la dignidad y el valos d ela perosna humana”. Por eso corresponde a todo miembros de la familia humana derechos iguales e inalienables. Estos derechos han de ser respectado por los Estado para que el hombre no se vea obligado, como supremo recurso, a rebelarse contra la tiranía y la opresión.
Los derechos del hombre enumerados en la Declaración pueden dividirse en los principales grupos siguientes:
El primero corresponde una serie d ederchos relativos a la libertad; prohibición de la esclavitud (art. 4), de la tortura y la aplicación de penas inhumanas o degradantes (art.5), de las determinaciones y arbitrarios (art. 9), de las leyes penales con efectos retroactivos (art. 11, part. 2) d elas restricciones de la libertad de movimientos y de la entrada y salida de un país (art.13) de la privación arbitraiaria de la nacionalidades (art 15, apart. 2) y d elas confiscaciones arbitrarias (art 17, aprt. 2), así como la libertad d epensamiento, de conciencia y de religión art. 18) La libertad d eopnión y de expresión, con la de información (art. 19), la libertad de reunión y de asociación pacifista (art.2), Junto a estos derecho relativos a la libertad, que apuntan a un non facere de los Estado, encontramos otros derechos que implican un facere de los Estados. Y se ramifican en derechos procesales y políticos, por un lado, y derechos sociales, por otro .
Para la realización de estos derechos y libertades, cada cual ha de poder recurrir a postribunales nacionales competentes (art 8). En cambio la Declaración no concede a los individuos ni derechos de acción ni de derecho de petición ante un órgano de la O.N.U.
25/10/09
División del Derecho
Hecha la salvedad anterior, principiemos por decir que el derecho admite una primera gran división: Derecho objetivo y Derecho subjetivo.
Derecho objetivo: Está constituído por las normas o moldes a los cuales tenemos que ajustar nuestra conducta extrena, a efecto de regulado los actos que sean su objeto y las relaciones que de éstos hayan resulado. Cuando el derecho es objetivo se encuentra vigente en un lugar y en un momento determinado toma el nombre de derecho positivo
Derecho Subjetivo: Las relaciones jurídicas entre los hombres, que presentan aspecto múltiples, ligan a éstos entre sí y de esa mismas relaciones pueden originarse conflictos, en los cuales uno de los sujetos ejerce su derecho y existe del otro el cumplimiento de su obligación; para se logrado lo anterior es indispensable que la normas encieren la facultad relativa, pues de otra suerte el individuo carecería de posibilidad para exigir de su deudor. La facultad que para obrar concede la norma, en los términos explicados, constituye el derecho subjetivo.
El derecho derecho objetivo se subdivide a su vez en: Derecho privado y derecho público.
Derecho privado: Se trata de normas que rigen el interés de los particulares, pudiendo hacer vales los individuos su voluntad dentro de los iguales límites que la norma impone. En el segundo, tenemos regulación de atcos en los que el Estado interviene como poder soberano que se impone legítimamente a los gobernados.
Derecho público: Este lo hallamos en la reglamentación de la actividad del poder legislativo al expedir leyes.
El derecho privado se divide a su vez en: Mercantil e industral o del trabajo.
Es materia del derecho civil, que nos llega del viejo derecho quiritario de los romanos, el normar las relaciones de los particulares como tales, la capacidad y el estado civil de éstos, la organización de la familia, los bienes y la forma de adquirir y transmitir la propiedad de éstos y finalmente, el régimen generla de las obligaciones y de los contratos.
En orden al desenvolvimiento del comercio se establecen relaciones privadas de características peculiares que no encajan, por la necesidad de su rápido y práctico desarrollo, en la formalidad y rigidez del derecho civil.
De ahí que de éste se serararan lentamente ciertas norma y se crearan otras que han constituído el derecho mercantil, cuyo objetivo es regular las relaciones entre comerciantes o las de aquellos que no teniendo tal carácter realizan actos de comercio, así como la reglamentación de éstos y la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles.
Por virtud del desarrollo del mecanismo y la consecuente amplitud experimentada en las relaciones entre patrono y trabajadores, por los graves conflictos suscitados por ellas, el Estado no podía dejarlas al arbitrio y voluntada de los mismos particulares; a este respecto se crearon las displosiciones que encauzan tal tipo de relaciones y reglamentan el contrato de trabajo, o sea el que tiene por objeto la prestación del trabajo humano mediante una retribución. Tal es la materia del derecho del trabajo.
El derecho público encuentra, a su vez, su propia subdivisión en mérito del desarrollo violento y progresivo del Estado moderno.
Comprende las ramas siguientes: el interno y externo; se agrupan en la primera el constitucional, administrativo
Derecho administrativo: El sistema de división del poder,preconizado por Montesquieu, ha fraccionado el ejercicio de aquél, confiando al poder legislativo la elaboración de la ley; la judicial, misión de interpretar y aplicar; y al ejecutivo, la tarea de hacer cumplir la ley y atender a la administración pública. Queda pues reservada la fijación de las normas que rigen la prestación de los servicios públicos y la actividad del poder ejecutivo, así como las facultaddes de éste frente a los gobernados.
Derecho penal: la misión primordial de Estado es la conservación d ela transquilidad y el orden en la sociedad, evitando que, por la ejecución de ciertos actos, se perjudiquen y lastimen los intereses sociales. Latarea de señalar que actos constituyen delitos, estos es ilícitos que dañan a la colectividad, así como las penas o castigos que corresponden a tales actos, esto es función del derecho penal.
Derecho objetivo: Está constituído por las normas o moldes a los cuales tenemos que ajustar nuestra conducta extrena, a efecto de regulado los actos que sean su objeto y las relaciones que de éstos hayan resulado. Cuando el derecho es objetivo se encuentra vigente en un lugar y en un momento determinado toma el nombre de derecho positivo
Derecho Subjetivo: Las relaciones jurídicas entre los hombres, que presentan aspecto múltiples, ligan a éstos entre sí y de esa mismas relaciones pueden originarse conflictos, en los cuales uno de los sujetos ejerce su derecho y existe del otro el cumplimiento de su obligación; para se logrado lo anterior es indispensable que la normas encieren la facultad relativa, pues de otra suerte el individuo carecería de posibilidad para exigir de su deudor. La facultad que para obrar concede la norma, en los términos explicados, constituye el derecho subjetivo.
El derecho derecho objetivo se subdivide a su vez en: Derecho privado y derecho público.
Derecho privado: Se trata de normas que rigen el interés de los particulares, pudiendo hacer vales los individuos su voluntad dentro de los iguales límites que la norma impone. En el segundo, tenemos regulación de atcos en los que el Estado interviene como poder soberano que se impone legítimamente a los gobernados.
Derecho público: Este lo hallamos en la reglamentación de la actividad del poder legislativo al expedir leyes.
El derecho privado se divide a su vez en: Mercantil e industral o del trabajo.
Es materia del derecho civil, que nos llega del viejo derecho quiritario de los romanos, el normar las relaciones de los particulares como tales, la capacidad y el estado civil de éstos, la organización de la familia, los bienes y la forma de adquirir y transmitir la propiedad de éstos y finalmente, el régimen generla de las obligaciones y de los contratos.
En orden al desenvolvimiento del comercio se establecen relaciones privadas de características peculiares que no encajan, por la necesidad de su rápido y práctico desarrollo, en la formalidad y rigidez del derecho civil.
De ahí que de éste se serararan lentamente ciertas norma y se crearan otras que han constituído el derecho mercantil, cuyo objetivo es regular las relaciones entre comerciantes o las de aquellos que no teniendo tal carácter realizan actos de comercio, así como la reglamentación de éstos y la organización y funcionamiento de las sociedades mercantiles.
Por virtud del desarrollo del mecanismo y la consecuente amplitud experimentada en las relaciones entre patrono y trabajadores, por los graves conflictos suscitados por ellas, el Estado no podía dejarlas al arbitrio y voluntada de los mismos particulares; a este respecto se crearon las displosiciones que encauzan tal tipo de relaciones y reglamentan el contrato de trabajo, o sea el que tiene por objeto la prestación del trabajo humano mediante una retribución. Tal es la materia del derecho del trabajo.
El derecho público encuentra, a su vez, su propia subdivisión en mérito del desarrollo violento y progresivo del Estado moderno.
Comprende las ramas siguientes: el interno y externo; se agrupan en la primera el constitucional, administrativo
Derecho administrativo: El sistema de división del poder,preconizado por Montesquieu, ha fraccionado el ejercicio de aquél, confiando al poder legislativo la elaboración de la ley; la judicial, misión de interpretar y aplicar; y al ejecutivo, la tarea de hacer cumplir la ley y atender a la administración pública. Queda pues reservada la fijación de las normas que rigen la prestación de los servicios públicos y la actividad del poder ejecutivo, así como las facultaddes de éste frente a los gobernados.
Derecho penal: la misión primordial de Estado es la conservación d ela transquilidad y el orden en la sociedad, evitando que, por la ejecución de ciertos actos, se perjudiquen y lastimen los intereses sociales. Latarea de señalar que actos constituyen delitos, estos es ilícitos que dañan a la colectividad, así como las penas o castigos que corresponden a tales actos, esto es función del derecho penal.
Clasificación general del derecho
Generalidades:
El derecho es un producto eminentemente social y que las normas jurídicas que en su conjunto, lo integran son reguladoras de la conducta humana. En esa vertud se nos impone, como verdad axiomática, la proporación directa que existe entre la complejidad de la sociedad y de las relaciones humanas y el derecho. Dicho en otros términos, cunato más complejas sean las ralaciones entres los hombres, mayor será la complijidad del derecho.
Si en un principio un conjunto relativamente pequeño de normas era capaz de regir la conducta de los integrantes del grupo, por cuanto que las relaciones entre éstos eran sencillas, más tarde, cuando por virtud de multiples factores se complican tales relaciones, aquel viejo y simple derecho es incapaz de llenar su cometido y se hace necesaria entonces la creación de nuevas normas que regulen nuevas actitudes d elas diferentes conductas; el redecho se ha complicado también. Otro tanto puede decirse respecto del Estado: de sencillo y elemental que era en sus orígines, se transforma en un organismo cada vez más desarrollado y evolucionado; las normas que lo regían, pues, insuficientes y habrá necesidades de otras que regulan esas nuevas manisfestaciones de la actividad siempre creciente del propio Estado.
En la sociedad, las relaciones humanas de naturaleza jurídica son múltiples y responden a diferentes conductas que podemos observar, según nos situemos dentro de un determinado campo de actividad. Otro tanto puede decirse del Estado, siempre respetando la especial naturaleza y la sobrenía con que se halla investido.
De esa variada diversidad de relaciones ha surgido la necesidad de intentar una clasificación general del derecho, haciéndose la advertencia de que, sí es cierto que dicha clasificación es un esfuerzo serio que proponde a hacer más comprensible a cada uno de los diferentes grupos de normas, também lo es que ella es un tanto artificial, en mérito de que hay normas jurídicas que, presentado caracteres comunes a varios de los grupos formados, no pueden catalogarse específicamente enano de ellos.
El derecho es un producto eminentemente social y que las normas jurídicas que en su conjunto, lo integran son reguladoras de la conducta humana. En esa vertud se nos impone, como verdad axiomática, la proporación directa que existe entre la complejidad de la sociedad y de las relaciones humanas y el derecho. Dicho en otros términos, cunato más complejas sean las ralaciones entres los hombres, mayor será la complijidad del derecho.
Si en un principio un conjunto relativamente pequeño de normas era capaz de regir la conducta de los integrantes del grupo, por cuanto que las relaciones entre éstos eran sencillas, más tarde, cuando por virtud de multiples factores se complican tales relaciones, aquel viejo y simple derecho es incapaz de llenar su cometido y se hace necesaria entonces la creación de nuevas normas que regulen nuevas actitudes d elas diferentes conductas; el redecho se ha complicado también. Otro tanto puede decirse respecto del Estado: de sencillo y elemental que era en sus orígines, se transforma en un organismo cada vez más desarrollado y evolucionado; las normas que lo regían, pues, insuficientes y habrá necesidades de otras que regulan esas nuevas manisfestaciones de la actividad siempre creciente del propio Estado.
En la sociedad, las relaciones humanas de naturaleza jurídica son múltiples y responden a diferentes conductas que podemos observar, según nos situemos dentro de un determinado campo de actividad. Otro tanto puede decirse del Estado, siempre respetando la especial naturaleza y la sobrenía con que se halla investido.
De esa variada diversidad de relaciones ha surgido la necesidad de intentar una clasificación general del derecho, haciéndose la advertencia de que, sí es cierto que dicha clasificación es un esfuerzo serio que proponde a hacer más comprensible a cada uno de los diferentes grupos de normas, também lo es que ella es un tanto artificial, en mérito de que hay normas jurídicas que, presentado caracteres comunes a varios de los grupos formados, no pueden catalogarse específicamente enano de ellos.
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